La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) manifestaron su rechazo ante la reciente resolución de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la cual dispuso la suspensión de los comicios de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el desplazamiento de sus autoridades y la intervención del sindicato.
A través de sendos comunicados oficiales, ambas organizaciones calificaron la medida como un avance sobre la autonomía sindical y exhortaron al movimiento obrero a unificar posiciones en torno a una huelga general.
La controversia se desató luego de que el tribunal laboral decidiera anular el proceso electoral de la UOM. De acuerdo con los datos brindados por las entidades gremiales, Abel Furlán había sido reelecto al frente de la Seccional Zárate-Campana con el 85% de los votos en los comicios del pasado 4 de marzo. Posteriormente, el 18 de marzo, el Congreso Nacional de la organización convalidó su reelección como Secretario General a nivel nacional con el 80% del total de los electores.
El fallo que suspende dichos resultados, y desplaza a la conducción, lleva las firmas de los magistrados Víctor Pesino y María Dora González. Desde el sector sindical se cuestionó la imparcialidad del tribunal, vinculando esta resolución con fallos anteriores de la misma sala, como el restablecimiento de la reforma laboral el pasado 23 de abril, y señalando que el Poder Ejecutivo inició el trámite para prorrogar por cinco años el mandato del juez Pesino, a pesar de haber cumplido la edad límite de 75 años.
Tanto la Federación Aceitera como el FreSU encuadraron la intervención judicial dentro de un escenario de persecución política coordinado entre la gestión de gobierno actual y los principales grupos empresarios del sector metalúrgico. Según manifestaron las conducciones gremiales, la medida representa un avance generalizado contra el movimiento obrero.
En sus declaraciones, las organizaciones enumeraron una serie de factores institucionales y socioeconómicos para fundamentar su postura. Por un lado, denunciaron la judicialización de la protesta mediante causas penales contra dirigentes de ATE y del Subte, multas económicas al sindicato La Fraternidad y denuncias por asaltos a sedes sindicales. Por el otro, señalaron un deterioro del panorama sociolaboral, tras reportar el despido de 300.000 trabajadores registrados, el cierre de más de 25.000 PyMEs, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el desfinanciamiento de áreas estatales clave como salud, educación, e institutos de investigación.
Convocatoria a medidas de fuerza
El Frente de Sindicatos Unidos, espacio que nuclea a más de 140 organizaciones y que mantiene su base de reuniones en la sede de la UOM, ratificó su respaldo a la conducción desplazada. Ambas entidades exigieron la inmediata restitución de los cargos a las autoridades electas, amparándose en las garantías de la Constitución Nacional, la Ley de Asociaciones Sindicales y los tratados internacionales de libertad sindical.
Finalmente, el documento emitido por la Federación Aceitera concluye con un llamado explícito a la totalidad de las centrales obreras del país para coordinar un paro nacional por tiempo indeterminado, argumentando que la situación institucional y económica actual justifica la profundización de las medidas de fuerza a nivel general.
