Cuatro trabajadores y trabajadoras murieron desde que comenzaron a implementarse las medidas de ajuste y amedrentamiento en la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó una medida de no innovar para los contratos de más de 2.000 empleados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Mariano Cúneo Libarona.
En el escrito también se solicita a los funcionarios que cesen «cualquier tipo de presión, comunicación o acto que directa o indirectamente coaccione a los trabajadores a aceptar el plan de retiro bajo amenazas de despido o desmejoras laborales».
La presentación, que se hizo el viernes 6 de diciembre, recayó en el juzgado del Trabajo 29, a cargo del juez Juan Carlos Cerutti. Ya tomó intervención la fiscalía nacional 2 del Trabajo, que tiene un plazo de cinco días para emitir dictamen.
La política de recortes y despidos («deep motosierra«, en palabras del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger) tuvo su propio capítulo en el Ministerio a cargo de Cúneo Libarona: en septiembre colaboradores del funcionario comunicaron que más de 2.000 trabajadores serían desvinculados.
Un mes más tarde, en octubre, se implementó un plan de retiro para esos trabajadores, con la promesa de una contratación precaria en el Estado si aceptaban o la finalización del contrato sin indemnización.
Cientos de trabajadores decidieron no adherir y que se respeten así sus contratos laborales. En el Ministerio de Justicia, como en otras dependencias estatales, hay empleados con 10, 20 y hasta 30 años de antigüedad.
Desde ATE Capital afirmaron que con la política de los retiros voluntarios, los funcionarios «amedrentaron» a la planta de trabajadores del Ministerio y «cercenaron derechos laborales básicos».
Remarcaron, además, que desde que anunciaron la medida, ya son cuatro los trabajadores y trabajadoras fallecidos.
«Una desvinculación como la que pretenden resultará en el desmantelamiento de todo el organismo”, explican desde el gremio que conduce Daniel “El Tano” Catalano. El Ministerio de Justicia, indican, debe garantizar el acceso a la justicia, la promoción y protección de los derechos humanos y los trámites registrales, entre otras tareas.
