El juez Hugo Decaría consideró al oficial Darián Gastón Miño autor de homicidio agravado tras comprobar que disparó su escopeta a menos de cinco metros de la víctima, y dictó el sobreseimiento de los familiares que habían sido imputados.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 dictó el procesamiento con prisión preventiva para Darián Gastón Miño, el oficial de la Policía de la Ciudad acusado de asesinar a Juan Gabriel González en el barrio Villa 20 de Villa Lugano durante los festejos de la última Navidad.
En su resolución, el juez Hugo Decaría consideró al agente autor penalmente responsable del delito de «homicidio agravado por haberse cometido en abuso de su función o cargo». Además, trabó un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 110.004.700 pesos. La fuerza de seguridad porteña confirmó que el efectivo ya fue desvinculado de la institución.
El crimen ocurrió la tarde del 25 de diciembre. Según consta en el documento judicial, Miño utilizó una escopeta marca Benelli modelo M3 Super 90, calibre 12-70, para disparar contra el cuerpo de González «a una distancia de menos de cinco metros».
La prueba clave para el procesamiento fue un video filmado por un vecino, que captó el momento en que la víctima, que se encontraba sin remera, intentaba defenderse de los golpes de media docena de efectivos. Segundos después, se observa la ejecución de los disparos que terminaron con su vida e hirieron también a su pareja y a otros vecinos.
La autopsia preliminar corroboró la brutalidad del ataque: el Cuerpo Médico Forense determinó que González falleció por «lesiones por proyectil de munición múltiple en tórax y abdomen», lo que le provocó una hemorragia masiva interna y externa.
Alivio judicial para la familia
El fallo también desestimó la versión policial inicial, que intentó enmascarar el hecho como una «riña entre vecinos». En consecuencia, el magistrado dictó el sobreseimiento de Dante Gabriel González (hijo de la víctima), Nelly Elizabeth Portillo (pareja) y Anastasio Néstor Chávez (vecino), quienes habían sido imputados injustamente tras los incidentes.
Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), celebraron la medida pero anticiparon que buscarán la pena máxima. «El intento institucional de la Policía de la Ciudad de enmascarar el hecho quedó totalmente descartado. Vamos por perpetua para el asesino y juicio y castigo para los encubridores», afirmó María del Carmen Verdú, titular del organismo.
El juez fundamentó la prisión preventiva al considerar que, dada la gravedad de la imputación y la escala penal prevista (que no permite ejecución condicional), existe un riesgo cierto de que Miño intente eludir a la justicia si recuperara la libertad.
