El dato surgió de la «Encuesta inquilina 2024. Alquilar en el AMBA en tiempos de libre mercado», realizado por organizaciones sociales, el Conicet, la UBA y la UNSAM.
El 62% de los hogares inquilinos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) declaró ingresos por debajo de la línea de pobreza y casi el 40% destina más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, según datos surgidos de una encuesta en los primeros meses de gobierno de Javier Milei.
El relevamiento, además, indicó que el 60% de los hogares inquilinos está atrasado con el pago de los servicios básicos, mientras que un porcentaje similar se endeudó para poder pagar el alquiler.
El panorama todavía es más grave en los hogares sostenidos por mujeres, que se encuentran más endeudados con empresas, bancos, comercios y familiares.
La información fue incluida en la «Encuesta inquilina 2024. Alquilar en el AMBA en tiempos de libre mercado«, realizada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), el Instituto de Ciencias Sociales y Trabajo de la Universidad Nacional de San Martín (IDAES-UNSAM) y el Instituto de Geografía Romualdo Ardissone (UBA), con el apoyo de Contested Territories.
Los resultados del estudio mostraron que, a seis meses de la derogación de la Ley de Alquileres, primer punto del decreto 70/2023, «las condiciones de alquiler en el principal aglomerado urbano del país empeoraron en casi todos los aspectos», a lo que se suma que «la situación económica de esta población se vuelve cada vez más frágil«.
La encuesta indicó que, antes de la derogación, la mitad de los contratos de alquiler no respetaban la ley vigente. Sin embargo, desde la derogación las condiciones contractuales empeoraron aún más.
«Por ejemplo, desde 2024 los hogares inquilinos firman contratos por períodos más cortos. El porcentaje que firmó contratos por tres años de duración, el plazo establecido por la ley derogada, se redujo a la mitad: del 40% al 20%», señaló.
El relevamiento indicó que desde 2024 «el porcentaje de hogares que pudieron pactar aumentos anuales se redujo del 26% al 7% y el de quienes debieron aceptar aumentos trimestrales aumentó del 26% al 46%».
«Esto se refleja en los resultados respecto de las expectativas habitacionales: aumentaron diez puntos porcentuales los hogares que piensan que van a vivir en una vivienda igual o peor que la actual respecto al 2022«, resaltó el estudio.
Y agregó: «A partir de la liberalización del mercado de alquileres ya no existen plazos mínimos, moneda, ni frecuencia de actualización obligatorios por ley. Mientras que en otras ciudades del mundo se aplican medidas que protegen a la parte más débil de la relación contractual, el actual gobierno nacional dispuso una radical desregulación del mercado de alquileres y, como gestiones anteriores, omite toda política en beneficio de la población inquilina».
