El Director de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales, se refirió al traslado a Buenos Aires de cuatro de las mujeres detenidas luego del desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi y señaló que «las detenciones están basadas en su calidad de mujeres y en su identidad cultural».
Cuatro de las siete mujeres detenidas durante el operativo llevado a cabo el último martes a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, fueron trasladadas en las últimas horas de ayer al penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, dado que en Río Negro no existe ningún establecimiento federal de detención de mujeres.
En diálogo con este medio, Morales señaló que la medida del traslado «deja en suspenso muchísimos derechos que cualquier persona tiene en el marco de un proceso judicial».
#AHORA ???? Dialogamos con Diego Morales, Director de Litigio del @CELS_Argentina, en @NoblezaHormiga
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— FM La Patriada (@FMLaPatriada) October 6, 2022
Además, afirmó que las detenciones «se produjeron en el marco de una causa a la cual no se accedió» dado que el expediente está bajo secreto de sumario. «No se saben las razones por las cuales se ordenó el desalojo, ni las detenciones», remarcó.
La razón que invocan la Justicia junto al Estado nacional para intervenir con sus fuerzas de seguridad es el ataque que se registró la semana pasada contra un puesto de Gendarmería. Este hecho se investiga en la Justicia Federal bajo la carátula “incendio, atentado y resistencia a la autoridad”. La causa está a cargo de la jueza Federal subrogante Silvina Domínguez y la fiscal Cándida Etchepare.
«La jueza decidió el desalojo de toda la zona y la detención de todas las personas que se encontraban allí», afirmó el Director de Litigios del CELS y aunque sostuvo que «el operativo en sí no provocó episodios de violencia, sí es cierto que el contexto y el despliegue en sí son violentos».
Los abogados defensores de las mujeres, Andrea Reile y Ezequiel Palavecino apelaron la medida. «Los tratados internacionales impiden agravar su situación debiendo agotarse las posibilidades -lo que no se ha hecho en autos- de alojarlas en algún lugar provincial o municipal adecuado en esta ciudad o resolver su situación procesal», indica el escrito presentado en el Juzgado Federal de Bariloche que difundió hoy el Parlamento Mapuche.
Desde el CELS, alegan que «hay leyes vigentes para encauzar las demandas de las comunidades, pero no se aplican por la resistencia de los gobiernos provinciales y de los intereses comerciales que buscan acaparar tierras. El poder judicial también es un actor que muchas veces obstaculiza el acceso a la justicia de las comunidades indígenas».
En ese mismo sentido, Morales señaló que en la región patagónica «hay un tratamiento para mapuches y otro para extranjeros que acaparan tierras».
El domingo pasado, dirigentes del PRO fogonearon una caravana de autos hasta Villa Mascardi para pedir el desalojo de la comunidad mapuche. Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh) acusaron a Patricia Bullrich, que lideró la manifestación, de fomentar “el odio y la violencia” y llamaron a respetar los convenios internacionales que garantizan los derechos indígenas.
Al referirse a la caravana, Nehuen Loncoman y Orlando Carriqueo, en representación del Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, advirtieron que la protesta había sido convocada “desde sectores con claras posiciones ideológicas violentas, racistas y xenófobas”, en consonancia con lo dicho por el CELS y la APDH.
Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos y otras organismos de derechos humanos reclamaron por medio de un comunicado que la forma de dirimir los conflictos sea «a través de una mesa de diálogo entre las partes y no con el recrudecimiento de políticas represivas».
Fuente: Nobleza Hormiga – FM La Patriada
