El Banco Central de la República Argentina (BCRA) registró en mayo una caída de 2,7 por ciento en la base monetaria. Como ratio del PIB, según consignó la entidad crediticia en su último informe, se ubicaría en torno al 5,2 por ciento, lo que equivale al mínimo valor desde 2003.
Bajo la definición clásica, la base monetaria se compone con la totalidad de los billetes y monedas en poder del público, más los depósitos en pesos de los bancos en el BCRA, y ya había mostrado una contracción de 2,4 por ciento en marzo. Al decir de los voceros del organismo conducido por Miguel Pesce, ese descenso fue el primero desde abril del 2021.
La traducción directa de este indicador sería que hay menos dinero circulante. Dicho en criollo, menos guita en la calle.
Sin embargo, el documento oficial considera que el achicamiento “se explicó principalmente por las operaciones del sector público, junto con la absorción de liquidez a través de los instrumentos de regulación monetaria”.
Así y todo, Ámbito Financiero advierte que el mes pasado “no pasó inadvertida” la expansión monetaria “al sumar casi 258.300 millones de pesos” aunque concede que “el primer trimestre fue netamente contractivo en más de 430 mil millones de pesos”, y conjetura: “Eso no significa que no haya habido emisión sino que se esconde bajo la alfombra de las Leliq”.
Para el diario fundado por Julio Ramos, el cambio ocurrió en abril por las dificultades del ministro de Economía, Martín Guzmán, para granjearse la adhesión al rollover de los vencimientos de la deuda en pesos y la aceleración del gasto primario. “Así el sector público fue factor de expansión monetaria por casi 376 mil millones de pesos”, explica en un artículo firmado por Jorge Herrera.
BAE Negocios refrenda esa perspectiva sobre el incremento del gasto público, a partir de un estudio del CESO, liderado por el economista Nicolás Pertierra. “En mayo hubo una aceleración en el ritmo de crecimiento del gasto público al 75 por ciento, luego de marcar una suba del 66 por ciento en abril”, señala el matutino en una nota cuya autoría recae en Sebastián Premici.
El Cronista Comercial, por su parte, puntualiza que la contracción de la base monetaria “implica una buena noticia”. “Mostraría que el aumento de precios se iría desacelerando, ya que cuando mayor es la emisión monetaria, más pesos hay en la calle y, por ende, a lo largo de unos meses repercute en el aumento de precios”, argumenta desde andariveles más ortodoxos del análisis económico.
Al igual que su competidor en la city, el periódico de papel rosáceo aventura que la base monetaria no está creciendo porque el dinero lo aspiran las Leliq, los pasivos remunerados del BCRA.
La noticia y sus diversas lecturas se conocen mientras el Gobierno nacional afronta dificultades simultáneas en distintos frentes. Falta gasoil en 19 provincias, hay sectores de la industria que alertan sobre escasez de insumos importados y, como si fuera poco, no merma la querella por el gasoducto Néstor Kirchner y la eyección de Matías Kulfas de la cartera de Desarrollo Productivo redundó en el deleite de los dirigentes de Palacio que le clavan tenedores en la herida al ocupante del despacho contiguo.
En ese contexto, YPF dispuso un incremento del litro de gasoil para los vehículos de patente extranjera que cargan combustible en estaciones de servicio de provincias linderas con países limítrofes. El precio rondará en esas zonas los 240 pesos, calculando que esa cifra se equipara con lo que se paga al otro lado de la frontera.
Según el relevamiento de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) la escasez de gasoil impacta en casi todas las jurisdicciones, a excepción de los distritos hidrocarburíferos de la Patagonia. Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe aparece pintadas con rojo en el gráfico distribuido para la prensa, a modo de semaforización.
Los anuncios del jefe de Gabinete, Juan Manzur, para llevar sosiego se concretarían recién a partir de la semana que viene, cuando arriben dos barcos con el refuerzo necesario. Además, tanto la petrolera nacional como las del sector privado encargaron en total unos 6 cargamentos más que llegarán entre fines de junio y las primeras dos semanas de julio.
La demanda en ascenso de combustible responde también a la reactivación económica que choca contra el techo de la restricción externa. Un industrial dedicado a la producción de trabas anaeróbicas para diversos productos de línea blanca y automotrices narró ayer a este medio que no ingresan al país los químicos necesarios para la fabricación local de los pegamentos y selladores que vende. La razón por la que no mermó aún la producción del sector sería por la provisión anticipada de insumos chinos, vía adelanto de importaciones previas al torniquete del BCRA.
Por eso resulta inexplicable el fervor oficialista por timbear la suerte de la coalición en una pelea interna que embarra también el camino para el avance del gasoducto Néstor Kirchner, para complacencia de sus enemigos. La objeción de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la habilitación de los dólares a Techint para que dibuje un asiento contable con su filial en Brasil con el propósito de adquirir la chapa que precisa para rolar y confeccionar los tubos en la planta de Valentín Alsina no sólo choca con su propio permiso en 2009, para que se realice la misma operación, en ocasión de la construcción del ducto que atraviesa el Estrecho de Magallanes sino que también colisiona con la realidad efectiva.
Paolo Rocca demanda 200 millones de dólares, a pesar de haber quintuplicado sus ganancias en el primer trimestre del año en curso con respecto al mismo período de 2021, pero la importación de energía le yugula al Estado nacional 10 mil millones de dólares al año.
Sería deseable para el Frente de Todos que el juez Daniel Rafecas no se deje llevar por los bajos instintos de un fiscal como Carlos Stornelli y una oposición política tutelada por los regentes de la Asociación Empresaria Argentina, cuyos principales popes se sienten paradójicamente más tranquilos con los horizontes que traza Guzmán que con la humareda verbal que promueve Javier Milei.
Cualquier demora a partir de ahora, compromete el destino del Gobierno de cara a las elecciones de 2023 porque, sin gasoducto, perdurarían la languidez de las reservas y la mustia insolvencia económica contra una política más briosa.
Un peronista malicioso cuestionaba la amplificación por Twitter que hiciera la Vicepresidenta a partir del comunicado de Enarsa en respuesta a Kulfas. “Previo a iniciar el proceso licitatorio, Energía Argentina procedió a solicitar a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero que indicara qué empresas podían cumplir con los requisitos técnicos. La respuesta fue que solo SIAT SA cumplía”, reza el texto que ese dirigente consideró “autoincriminatorio”.
El profesor y ensayista Alejandro Kaufman escribió recientemente para Contraeditorial una nota intitulada “Política de la crueldad”. “Política tiene que ser también traducir sus léxicos y propósitos, ponerlos en evidencia todo lo posible, así y todo no fuera suficiente. Denunciar la antropología que los anima, propia de un mundo infernal, donde solo el beneficio y la utilidad son móviles de la existencia, y donde el intercambio recíproco entre valor monetario y fuerza bruta son las solas condiciones que dirimen toda diferencia, todo acuerdo, toda convivencia”, tipeó hacia el final de esa pieza, para concluir de forma lapidaria con la frase “es un mundo de casino y coliseo ante el que no callar puede ser la barrera última”.
Más que ilustrativo, un funcionario del BCRA le contó a La Patriada que la semana pasada visitó un centro cultural de una localidad bonaerense camino a La Plata. Su referente, entre talleres abiertos a la comunidad y ollas populares, ofrece criptomonedas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
