Mientras el Gobierno cortaba alimentos y medicamentos bajo la consigna «no hay plata», el Ministerio de Relaciones Exteriores aumentó un 400% el presupuesto para capacitaciones en el instituto que dirige María Josefina Rouillet. El incremento supera por casi 125 puntos a la inflación del mismo período y ya hay tres denuncias penales en curso.
En los primeros meses de gestión de Javier Milei, el discurso oficial se centró en un ajuste brutal sobre los sectores más vulnerables. Sin embargo, detrás del marketing del «achique», la Cancillería argentina —entonces bajo el mando de Diana Mondino— renovó un millonario contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI). El dato que desató el escándalo es que la directora ejecutiva de dicha entidad es María Josefina Rouillet, esposa del actual ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El convenio, suscripto el 27 de febrero de 2024, se selló por un monto de 55,3 millones de pesos, lo que representa un salto del 398% respecto al contrato firmado un año antes. En ese mismo lapso, la inflación fue del 276%, dejando al descubierto un acuerdo que excede con creces cualquier actualización por precios y que contradice la supuesta búsqueda de eficiencia estatal. No fue un hecho aislado: en diciembre pasado, la cifra escaló a 114 millones de pesos mediante una adjudicación directa para capacitar a 132 empleados.
Vínculos familiares y una «transparencia» bajo sospecha
Desde el entorno de Sturzenegger intentaron justificar la contratación alegando que la AACI era la única entidad capaz de brindar estos cursos y que se cumplieron los protocolos de integridad. De hecho, la propia Oficina Anticorrupción (OA) confirmó el «vínculo positivo» (matrimonio) entre el ministro y Rouillet, lo que derivó en la firma de un «Pacto de Integridad». Sin embargo, para la oposición y diversas organizaciones civiles, este mecanismo fue apenas un barniz legal para una negociación incompatible con la función pública.
A este escenario se suma la contradicción política: Sturzenegger, bautizado por el Presidente como «El Coloso», es el principal promotor del desmantelamiento del Estado. Mientras su cartera gasta 720 millones de pesos en alquileres de oficinas de lujo en el centro porteño, la empresa de su esposa recibe contratos que se quintuplicaron apenas asumió la nueva gestión.
El frente judicial: denuncias por abuso de autoridad
La polémica ya cruzó el umbral de los despachos oficiales para instalarse en Comodoro Py. La justicia federal investiga tres denuncias presentadas por la senadora Juliana Di Tullio y organizaciones como Arco Social y Reset Republicano. Los delitos que se le imputan al ministro, a su esposa y al actual canciller Pablo Quirno, incluyen negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Las causas recayeron en los juzgados de Sebastián Ramos y María Servini. Se espera que en los próximos días se unifiquen los expedientes para determinar si, detrás de los cursos de inglés para diplomáticos, se escondió un mecanismo de transferencia de fondos públicos hacia el círculo íntimo del ideólogo del ajuste libertario.
