Por Laura Pomilio
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a fines de 2023 había 1.195 condenados por crímenes de lesa humanidad en 332 sentencias dictadas desde 2006
A poco de cumplirse un nuevo aniversario del inicio de la última dictadura cívico militar, y pese a la fuerte desarticulación de políticas públicas en materia de derechos humanos por parte del presidente, Javier Milei, doce juicios por delitos de lesa humanidad perpetrados durante el terrorismo de Estado se encuentran en etapa de debate oral y público en distintos distritos del país.
Sin embargo, desde el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) advirtieron que si bien por ahora no se detectaron cambios en el desarrollo de los juicios, sí hay afectaciones en las investigaciones judiciales, sobre todo en la etapa inicial de instrucción.
«Ello se da en gran parte por el desmantelamiento de políticas públicas que desarrollaba el Poder Ejecutivo, por medio de las cuales se aportaban pruebas como, por ejemplo, los equipos de relevamiento y análisis documental del Ministerio de Defensa«, dijo a La Patriada Web Sol Hourcade, directora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS.
Según el último informe anual elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad publicado el pasado 23 de diciembre pasado, hay un total de 1.195 condenados por crímenes de lesa humanidad en 332 sentencias dictadas desde 2006.
Por otra parte, en la actualidad 613 personas están detenidas, de las cuales un 81% permanece en arresto domiciliario, mientras que alrededor de 65 causas esperan juicio oral, con sólo un 3% con fecha de inicio.
Otro dato sobresaliente del informe de la Procuraduría es que se ha detectado una constante en la cantidad de sentencias que año a año se vienen dando por delitos contra la integridad sexual desde que el Ministerio Público Fiscal investiga los crímenes de violencia sexual como delitos autónomos.
Al momento se han dictado 57 sentencias por crímenes de lesa humanidad que contemplan delitos por violencia sexual, quedando demostrado que las prácticas de abuso, tocamiento, violación y aborto fueron extendidas en todo el país durante el terrorismo de Estado.
A partir de una revisión efectuada por La Patriada Web, de los doce juicios de lesa humanidad en instancia de debate, siete se desarrollan en la provincia de Buenos Aires. De éstos, dos están a cargo del Tribunal Oral Federal (TOF) de Mar del Plata: la megacausa «La Huerta» se encuentra en una instancia avanzada de alegatos en la que se investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en Tandil, Azul, Olavarría, Saladillo, Rauch, Bolívar y Las Flores en perjuicio de 109 víctimas, así como el Juicio «Subzona 15 III» en etapa de testimoniales por secuestros, torturas, homicidios, delitos sexuales y allanamientos ilegales contra 138 personas.
En tanto, el TOF de Bahía Blanca lleva adelante la Megacausa «Zona V», el mayor juicio por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado realizado hasta el momento en esa ciudad del sur bonaerense.
Cumplidos ya tres años desde el inicio, el debate se encuentra en la instancia final de alegatos. Se investigan privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios y delitos contra la integridad sexual en perjuicio de 334 víctimas, cometidos en el V Cuerpo de Ejército, con sede en Bahía Blanca y jurisdicción sobre toda la Patagonia.
Otros dos procesos judiciales se encuentran en etapa de testimoniales a cargo del TOF N° 1 de La Plata. Por un lado, el juicio «Comisaría Quinta La Plata III» donde se juzga a tres represores acusados de perpetrar delitos de lesa humanidad sobre 112 víctimas en esa dependencia policial que funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la dictadura y que fue uno de los lugares donde estuvo secuestrado Jorge Julio López. Uno de los tres imputados, el exmédico policial Jorge Antonio Bergés, es juzgado por la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados a López.
Por otro lado, el juicio que unifica las causas por los crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en el Cuerpo de Caballería «1 y 60» de La Plata y en la Comisaría 8va ya lleva realizadas 53 audiencias en las que se juzga a 16 ex miembros del Ejército, de la Policía Bonaerense y de la Federal y a dos civiles por los delitos de privación ilegal de la libertad, torturas y homicidio en perjuicio de 291 víctimas.
También se encuentra en etapa de testimoniales, pero en los tribunales de San Martín, el 17° tramo de la Megacausa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo con dos ex oficiales del Ejército y un ex comisario de la Policía bonaerense en el banquillo de los acusados; y el juicio Mansión Seré IV – RIBA II, que investiga los hechos ocurridos en la represión por parte del circuito de la Fuerza Aérea en perjuicio de 133 víctimas.
En tanto, en los tribunales de Comodoro Py se desarrollan las instancias finales del juicio que aborda seis operativos represivos ilegales realizados por las patotas de la Superintendencia de Seguridad Federal, entre 1976 y 1977, donde se analiza la responsabilidad de 17 ex agentes de la Policía Federal en los homicidios de diez militantes y los secuestros de otros dos que aún permanecen desaparecidos.
En Mendoza, por su parte, se lleva a cabo el 13er juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia en una megacausa que investiga el rol del Departamento de Informaciones de la Policía (D2) y sus integrantes en el plan represivo estatal desplegado durante el terrorismo de Estado. Se encuentran imputados 28 policías -15 de ellos por primera vez mientras que los otros 13 suman condenas previas- por los delitos de homicidio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, lesiones graves, violaciones y robos cometidos contra 334 víctimas, de las cuales 12 eran menores de edad.
En Córdoba transita su etapa final una causa que aborda la complicidad judicial que existió durante la última dictadura cívico militar y que tiene como único imputado al exjuez federal cordobés Carlos Otero Álvarez, acusado por los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de denunciar y abuso de autoridad. Otero Álvarez había sido absuelto en 2017 en el denominado «Juicio a los magistrados«, pero la Cámara Federal de Casación Penal rechazó la absolución al señalar serias inconsistencias, errores y omisiones del Tribunal Oral Federal 2 en aquel proceso judicial.
La fiscalía sostuvo que en este caso «las pruebas están escritas y surgen de los expedientes judiciales«, que evidencian una «conducta omisiva y sistemática, sostenida en el tiempo” de Otero Álvarez al «no denunciar detenciones, apremios ilegales, tormentos y homicidios que conoció durante el ejercicio de sus funciones».
Finalmente, en Santa Fe, los tribunales de Rosario realizan dos juicios en etapa de testimoniales: el cuarto tramo de la causa conocida como «Saint Amant«, en el que se juzgan delitos cometidos en perjuicio de 59 víctimas durante el terrorismo de Estado en ciudades del noroeste bonaerense que se encontraban en la jurisdicción del Área Militar 132 y la causa denominada «El Villazo«, por los secuestros y la represión desatada contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios, que tuvo su epicentro en la zona industrial de Villa Constitución en 1975. En esta última causa, que se estima iniciará la etapa de alegatos en abril, se encuentran imputados dos ex directivos de la metalúrgica Acindar, dos ex militares, 16 ex policías federales y un ex policía provincial acusados de haber intervenido en distintos casos de privación ilegítima de la libertad agravada y homicidios contra 67 víctimas.
La directora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS remarcó la importancia de la existencia de este tipo de juicios, que consideró «un logro de toda la sociedad argentina, en especial del movimiento de Derechos Humanos, que se entrelazó con decisiones y voluntades políticas claves que se sostuvieron durante distintos gobiernos y que fueron esfuerzos valorados internacionalmente».
A casi medio siglo de los hechos, el colectivo de organismos, sobrevivientes y familiares de víctimas reclaman hace tiempo por mayor celeridad en las investigaciones y juicios para evitar la «impunidad biológica» que atraviesa a gran parte de las causas judiciales al fallecer un porcentaje importante de los acusados antes del inicio de los debates.
«Estamos en un momento clave donde ya muchos sobrevivientes, familiares y los mismos acusados están falleciendo por la edad avanzada que tienen y la distancia temporal con el inicio de la comisión de estos hechos», señaló Hourcade.
En ese sentido, apuntó que hay «una serie de obligaciones claras del Estado» para seguir investigando y así «obtener verdad y justicia para las víctimas, dar con el paradero de los desaparecidos así como encontrar a los nietos y nietas que faltan y que aún buscan las Abuelas y gran parte de la sociedad».
