Un acuerdo escrito en inglés

por Fabián Waldman

La presentación del Acuerdo de Inversión Recíproca entre Estados Unidos y Argentina evidencia quién pone las reglas y quién debe cumplirlas. Mientras que las definiciones estratégicas, tanto políticas como económicas, quedaron bajo el control absoluto de la administración norteamericana, la comitiva argentina se limitó a buscar beneficios puntuales, como la reducción de aranceles para el aluminio y el acero o el aval definitivo para la exportación de carnes.

“Lo hicimos en inglés porque nosotros también lo hablamos”, reconocieron desde el entorno oficial de la comitiva negociadora ante la consulta de La Patriada Web. Al realizarse las conversaciones en esa lengua y sin mediación de intérpretes, se rompió con el uso y costumbre de las relaciones bilaterales equilibradas. Esta decisión no solo marcó una disparidad simbólica, sino que también evitó que ambas cancillerías pudiera comunicar los avances de manera coordinada y en sus respectivos idiomas.

La asimetría bilateral, presente en todos los niveles, quedó reflejada en cada acción compartida con nuestro nuevo socio comercial. En este contexto, el alineamiento estratégico de Javier Milei con Donald Trump solo agrega una medalla más a la falta de una política soberana y una discusión seria.

A su vez, el propio Manuel Adorni, al ser consultado por el envío del acuerdo al Congreso, afirmó: “estamos en el proceso de traducciones que exige un acuerdo de estas características”. Esta estrategia de validación se presenta bajo una mirada que supuestamente favorecerá a las provincias; de hecho, en un mensaje directo hacia la administración de Axel Kicillof —conocida por su postura crítica—, el vocero subrayó que el territorio bonaerense se verá beneficiado por la apertura de las exportaciones de carne vacuna.

Hasta ahora, el único documento formal presentado en ambas lenguas, con firmas y traducciones certificadas, es la carátula compartida por el Canciller en su cuenta de X. Su ingreso formal al Congreso sigue en el aire: no se ha definido si se incluirá en las extraordinarias que terminan el 27 de febrero o si esperará al inicio de las ordinarias el 1 de marzo. “Quizás sea por Diputados, pero lo estamos definiendo”, deslizó una fuente cercana al Presidente, anticipando un debate que en la Cámara Baja asoma mucho más fragoroso que en el Senado.

La demora oficial tiene una excusa técnica: “El listado a traducir incluye 492 posiciones arancelarias engorrosas que no se hacen de un día para otro”, confió nuestra fuente. Sin embargo, al tratarse de un Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca, el Gobierno baraja una zona gris: mientras espera el aval parlamentario, podría empezar a ejecutar resoluciones y reglamentaciones de organismos como el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de manera inmediata.

Por ello, podrían caer las protecciones locales a los productos farmacéuticos, lo que derivaría en aumentos de precios debido a las nuevas exigencias de propiedad intelectual. Respecto a la prohibición de comerciar con países que utilicen “trabajo forzoso”, Argentina no tendría obligaciones estrictas de cumplimiento. “Ellos también tienen proveedores con mano de obra de similares características”, explicó la fuente consultada, sugiriendo una aplicación flexible de la norma según la conveniencia de los socios.

A pesar del lugar protagónico que se le dio a la medida, el Canciller, Pablo Quirno, aclaró que la implementación no será inmediata, ya que aún resta la decisión final de EE. UU. para habilitar la exportación de carne. “Es una cuestión de muy corto plazo”, aseguró el funcionario. En la misma línea, al ser consultado por los aranceles del aluminio y el acero —uno de los factores que más golpea la balanza de pagos—, admitió que la definición queda al arbitrio de los socios del norte, bajo un esquema de metas pero sin plazos concretos.

Quirno destacó además que “Argentina y EE. UU. tienen economías complementarias”, una definición que constituye el nudo del debate de la historia nacional desde 1940. Los sectores liberales, en sus distintas versiones, han sostenido siempre esta perspectiva. Este enfoque explica el menosprecio por la industria nacional que ha caracterizado a la actual administración, la cual desiste de alentar un desarrollo independiente para limitar al país al rol de proveedor de materias primas y productos elaborados básicos.

El Canciller también sostiene que el Gobierno no tiene la necesidad de proteger la información sensible de los ciudadanos, tal como se desprende del acuerdo. Bajo esta premisa, la data que gestionan las redes sociales ya ha sido entregada voluntariamente por los usuarios; por lo tanto, para la administración actual, la soberanía sobre la información es un concepto inexistente o, al menos, superado por el libre albedrío individual.

“No estamos obligados a adoptar las mismas políticas que ellos apliquen”, sentenció uno de los participantes de la negociación en referencia a la sección 4º y el artículo 4.1 del acuerdo. Según esta interpretación, si Estados Unidos decidiera implementar medidas de protección para su propia economía, Argentina solo se vería motivada a adoptar acciones similares si lo “considera apropiado”, dejando la reciprocidad sujeta a una evaluación discrecional del Ejecutivo.