El Gobierno desmanteló el Programa de Cardiopatías Congénitas

La decisión del Ministerio de Salud de no renovar contratos claves derivó en la desarticulación del equipo técnico que coordina las cirugías de unos 7.000 bebés al año. 

Bajo la actual gestión presidencial de Javier Milei, se ha procedido al desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), una iniciativa clave para la vida y el bienestar de aproximadamente 7.000 bebés que nacen cada año en Argentina con malformaciones cardíacas.

La medida se concretó en las últimas horas, cuando la cartera de Salud que conduce Mario Lugones decidió no renovar el contrato de tres de los miembros del equipo médico, situación que precipitó la renuncia del resto de los integrantes ante lo que consideraron un vaciamiento de la política sanitaria.

El PNCC, creado en 2008 y respaldado por la Ley 27.713 aprobada en 2023, funcionaba mediante una red federal que garantizaba la atención constante, la coordinación de equipos y la derivación de pacientes a los 15 centros especializados más cercanos en todo el país. Esta estructura permitía concretar alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos anuales y atender más de 6.000 en el mismo lapso, logrando reducir drásticamente la mortalidad por estas causas. Sin embargo, la desvinculación de profesionales altamente especializados pone en riesgo la continuidad de este sistema.

Un equipo desarticulado y la respuesta oficial

Quienes integraban el Programa hasta el último día de 2025 eran los doctores Willy Conejeros Parodi, Paula Campana, Carlos Fernando Rosental, Silvina Rosellot, Mariana Fernández, Tomás Schwaller y María Eugenia Olivetti. Los profesionales recibieron notificaciones verbales o mensajes breves indicando que no se encontraban contemplados en el proyecto de renovación para el período 2026, amparándose en el artículo 9° de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron los despidos, aunque negaron que esto implique un desmantelamiento. La cartera argumentó que el PNCC tenía un «exceso de personal» y que se resolvió «reorganizar y optimizar su funcionamiento».

Según fuentes oficiales, durante 2025 el programa contó con 13 personas y registró un promedio de 7,4 llamados diarios. En contraposición, los médicos sostienen que el servicio funcionaba las 24 horas del día, los 365 días del año, gestionando casos de alta complejidad que requieren intervención inmediata.

El impacto en la salud pública

La Federación Argentina de Cardiología (FAC) emitió un comunicado expresando su preocupación, destacando que cerca del 50% de los niños nacidos con cardiopatías requiere cirugía en el primer año de vida. La entidad advirtió que las desvinculaciones atentan contra la continuidad del equipo técnico y provocan la pérdida de experiencia acumulada, instando a las autoridades a reconsiderar la medida.

Por su parte, Alejandra Villa, excoordinadora del PNCC entre 2010 y 2017, calificó la situación como un «grave retroceso para la salud pública» en una carta abierta. Villa recordó que el programa se transformó en un modelo para otros países y fue elogiado por organismos internacionales como el BID. Según la especialista, el desmantelamiento de este modelo federal implicará una recentralización de la atención, con la consecuente pérdida de equidad y el riesgo de aumentar la mortalidad infantil.

La voz de las familias y el antecedente político

Lucía Wajsman, referente del colectivo Cardiocongénitas Argentina e impulsora de la ley vigente, definió la situación con crudeza: «Lo que implica el desmantelamiento del programa es literalmente la muerte de niños y de bebés que esperan una cirugía de corazón para poder vivir». Wajsman denunció que, si bien al asumir la actual administración la lista de espera para operaciones era cero, hoy ya existen demoras que agravan la salud de los pacientes, citando el caso de un niño de Río Negro que sufrió nuevas insuficiencias debido al retraso en su cirugía.

El contexto político de esta decisión remite a la postura de Javier Milei durante su etapa como diputado, cuando votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas argumentando que la norma implicaba más presencia del Estado, mayor gasto público y que su rechazo se basaba en el «ideario liberal».

Actualmente, el programa ha quedado reducido a empleados administrativos y un asesor, perdiendo a los siete coordinadores médicos encargados de evaluar la gravedad de los casos y gestionar las derivaciones a través del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SIISA). El diputado y médico Pablo Yedlin advirtió desde sus redes sociales que desmantelar este sistema es ilegal y constituye otro error grave de la gestión sanitaria, poniendo en jaque el derecho a la salud de miles de argentinos.

Fuente: Tiempo Argentino.