En una jornada marcada por la tensión en las calles y enfrentamientos en el centro porteño, el oficialismo busca convertir en ley la «modernización laboral» y el nuevo Régimen Penal Juvenil. Tras la eliminación del artículo sobre licencias médicas, el Gobierno confía en sellar una nueva victoria legislativa antes del fin del período extraordinario.
El Senado de la Nación inició este viernes a las 11 una sesión trascendental que marca el cierre del período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei. En este tramo final, la Cámara alta se dispone a sancionar dos de los proyectos más sensibles de la agenda oficialista: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que propone la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. El debate se produce en un contexto de máxima fricción, ya que mientras los legisladores discuten en el recinto, miles de trabajadores y organizaciones sociales se movilizan en las afueras del Congreso para manifestar su rechazo a lo que consideran un retroceso en materia de derechos.
Las modificaciones clave en la reforma laboral
Respecto a la reforma laboral, el texto llega en segunda revisión desde la Cámara de Diputados con modificaciones que buscan destrabar su aprobación definitiva. El Gobierno decidió retirar el cuestionado artículo 44, que establecía una reducción salarial de hasta el 50% en los haberes de trabajadores con licencias por enfermedad o accidentes no laborales. No obstante, el proyecto mantiene otros puntos de fuerte controversia como la implementación del denominado banco de horas, un sistema que permite compensar horas extras trabajadas con descansos futuros en lugar de su remuneración monetaria. Asimismo, se mantiene la modificación en la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, la cual excluye conceptos como el aguinaldo y los premios extraordinarios de la liquidación final por antigüedad.
El nuevo régimen penal para menores
En paralelo, el Senado trata el nuevo Régimen Penal Juvenil, una iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara baja con un amplio respaldo de 149 votos a favor. La norma establece que los menores de entre 14 y 16 años podrán ser juzgados por delitos graves, fijando una pena máxima de 15 años de prisión para casos de homicidios, abusos sexuales o secuestros.
Además de la baja de imputabilidad, la ley contempla la creación de establecimientos especializados de detención para garantizar que los jóvenes no convivan con adultos en el sistema carcelario. La normativa también refuerza de manera expresa el rol de las víctimas dentro del proceso penal, garantizándoles asistencia psicológica integral y el derecho a participar en las instancias más relevantes del juicio.
Esta sesión representa la culminación de un ciclo de victorias legislativas para la administración libertaria, que durante este período extraordinario también logró sancionar la reforma a la ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Sin embargo, la jornada parlamentaria se ve atravesada por la situación crítica en la Avenida 9 de Julio, donde la Policía de la Ciudad mantiene enfrentamientos con manifestantes que intentan llegar al Congreso.
