Ocho empresas públicas están en la mira de la motosierra de Milei para ser privatizadas

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Milei

Son Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Fiscales, aunque cada una tiene una condición diferente en caso de avanzar en sus ventas.

El gobierno de Javier Milei estableció, por medio de un decreto, las condiciones para avanzar en las privatizaciones en forma total ocho empresas públicas, algunas en forma total y otras, de modo parcial.

Enarsa, Intercargo, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Fiscales son las compañías que Milei tiene en la mira tras la aprobación de la Ley Bases, una legislación que, en parte, fue reglamentada este lunes.

El Congreso autorizó la privatización total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo y, en forma parcial, de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales; en los casos de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferas Fiscales, los legisladores solo avalaron el ingreso de aportes privados mediante el sistema de Programa de Propiedad Participada (PPP).

En un principio, el Gobierno buscó privatizar unas 40 empresas públicas, pero debió eliminar las ventas del Banco Nación, Radio y Televisión Argentina (RTA), Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas debido a la resistencia de los bloques opositores, pero dialoguistas, a acompañar esas propuestas.

Por medio del decreto 695 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno fijó el sistema para avanzar con la venta total o parcial de esas empresas públicas, cuyo pliego deberá ser controlado por la Auditoria General Nacional (AGN) y la Comisión Bicameral de Privatizaciones, que aún no conformó el Congreso.

«Hoy el Dec 695/24 reglamentó parte de la ley Bases; en particular aquellos aspectos que persiguen tres objetivos centrales: acelerar la MOTOSIERRA, implementar un mecanismo ANTI-ÑOQUIS en el empleo público, y cambiar los procedimientos administrativos con procesos ANTI-COIMAS«, escribió en su cuenta de X Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

En esa misma línea se expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.

«Cualquier empresa pública que se pueda privatizar, se va a privatizar«, dijo esta mañana Adorni.

En la reglamentación de la Ley Bases sobre la venta de empresas, se estableció que «el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización».

Este documento deberá incluir «el carácter total o parcial de la privatización propuesta y su fundamento; las alternativas de procedimiento que se estimen adecuadas al caso; la o las modalidades de las enunciadas que se entiendan convenientes para materializar la privatización; el procedimiento de selección que se prevea utilizar y los plazos estimados para cada una de las etapas del procedimiento de privatización«.

También «la eventual propuesta para el otorgamiento de las preferencias a las que se refiere el artículo 16 de la Ley 23.696 y la aplicabilidad, en el caso que corresponda, de un Programa de Propiedad Participada, especificando las clases de sujetos adquirentes y proporción del capital accionario comprendido en el programa».

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