A través del decreto 728/22, el presidente Alberto Fernández dio un paso más para el fortalecimiento de la economía popular. Con su firma, la del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la de los ministros de Economía, Sergio Tomás Massa; Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; Trabajo, Raquel Kelly Olmos; y Obras Públicas, Gabriel Nicolás Katopodis, el Gobierno dispuso un freno a la ampliación de la cantidad de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo pero también el otorgamiento de un cupo de hasta el 30 por ciento de la obra pública nacional para que se licite entre las cooperativas inscriptas en el registro de la Economía Popular.
Desde el articulado, el Jefe de Estado instruyó a las carteras de Desarrollo Social, Trabajo y Economía para que designen a sus representantes para la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), dentro de los próximos 60 días. Además, convocó a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a designar a los propios.
Ya en el artículo 3, la letra es música para los oídos de movimientos sociales como el Evita. “Encomiéndase a los y las integrantes del CEPSSC a promover una ‘Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Economía Popular’, la que tendrá como objetivos el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular”, reza.
La Patriada consultó a referentes de la organización que lidera Emilio Pérsico y contestaron que estaban al tanto de la iniciativa que se difundió anoche y se publicó esta mañana. Asimismo, el ex jefe de Gabinete y actual asesor ad-honorem de Fernando Chino Navarro, Juan Manuel Abal Medina, reconoció que el espíritu del decreto responde a las intenciones de la pelea por el establecimiento del programa Potenciar Trabajo que impulsó la bancada panperonista en tiempos del gobierno de Cambiemos.
El diputado por el Frente de Todos y jefe de la CCC, Juan Carlos Alderete, advirtió que el decreto constituye “un guiño a la derecha” y sólo concedió su apoyo al artículo 4. Se trata del que promueve “en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del 30 por ciento de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas”.
Por otra parte, la normativa resuelta establece “un margen de preferencia para los oferentes en cuya nómina se acredite un mínimo del 5 % de trabajadores vinculados o trabajadoras vinculadas al Programa ‘Puente al Empleo’” para los pliegos de bases y condiciones generales, que deberá contemplarse desde la Oficina Nacional de Contrataciones.
El artículo de la discordia es el Nº 6, cuyo texto estipula que “a partir de la entrada en vigencia del presente decreto no podrá ampliarse el número de titulares” de Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. “El ahorro que eventualmente se produzca será destinado a las unidades de gestión productiva, exclusivamente para la adquisición de bienes de capital”, concluye.
La medida despertó una discusión al interior de las organizaciones, incluso en la UTEP. Hasta donde supo este medio, hubo agrupaciones que repudiaron “porque no se conocía la totalidad del decreto” y porque se alimentaban las sospechas de que se había acordado con una parte de los movimientos sociales nada más. El MTE, Frente Popular Darío Santillän y Nuestramérica Movimiento Popular dejó en claro que con ellos no habían hablado y que, si era nada más que lo que había trascendido acerca de terminar con las altas del Potenciar Trabajo, no estaban de acuerdo.
El panorama cambió con la publicación del decreto por BO. “Con la creación del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario no se expresaron todavía, entiendo que lo deben estar analizando”, respondieron desde un despacho parlamentario vinculado a los movimientos sociales esta mañana.
