Por Guillermo Lipis
«Notamos un ambiente hostil y de confrontación violenta e intolerante por parte del Gobierno a las disidencias», dijo a La Patriada Web Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Amnistía Internacional Argentina.
Acciones como un ajuste fiscal feroz con impacto directo en la pobreza, la salud y la educación; el deterioro estrepitoso en las políticas de género; el aumento de la desocupación en el trabajo formal; la depreciación drástica en la jubilaciones, pensiones y salarios; y la intimidación violenta desde el Estado para reprimir el derecho constitucional de la protesta es el escenario en el que se conmemora este lunes un nuevo aniversario del golpe de Estado que instauró la última dictadura militar, todo en un contexto en el que la oposición se encuentra fragmentada y desorientada frente a una nueva forma de hacer política instalada por Javier Milei. ¿Podrá defendernos la reacción de una sociedad civil sensible y solidaria?
La directora de Protección y Promoción de Amnistía Internacional Argentina (AI), Noelia Garone, expresó la preocupación de la organización «por el achicamiento del espacio cívico» en la Argentina.
«Notamos un ambiente hostil y de confrontación violenta e intolerante por parte del Gobierno a las disidencias, propio de prácticas autoritarias”, declaró a La Patriada Web a 49 años del golpe de Estado llevado a cabo aquel fatídico 24 de marzo de 1976.
Garone consideró que “las autoridades utilizan frecuentemente discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo a periodistas, referentes de la oposición y organizaciones sociales. Y eso es sumamente preocupante porque va generando tal grado de hostilidad que las personas van participando menos de la discusión pública debido a esa violencia«.
«Y ni hablar -agregó- de la situación del debate público, un rasgo fundamental de la democracia que se viene empobreciendo o reduciendo desde el discurso oficial como en las redes, en las calles y en las protestas sociales. Todos lo vimos las últimas semanas y en la marcha de los jubilados del miércoles 12 de marzo quedó muy evidenciado con el protocolo antipiquetes», explicó.
La Patriada Web: En la política local y en democracia, creo que este uso de la violencia por parte del Estado es una novedad.
Noelia Garone: Y es sumamente preocupante porque no respeta los principios básicos de uso de la fuerza y la utiliza como la primera o única respuesta que tiene el Estado, por ejemplo, para desalojar una protesta sobre las veredas.
La gente empieza a tener miedo a participar de las marchas porque no quiere ser detenida, perder un ojo o la vida.
La Patriada Web: ¿Hay alguna fuerza de la oposición política que esté tomando o adopte este tipo de reclamos?
Noelia Garone: Sí, pero no significa que tengan éxito. Las fuerzas políticas en el Congreso están reacomodándose y son bastante cambiantes.
La Patriada Web: Le pregunto esto porque Milei cambió la forma de hacer política y la oposición toda sigue ejerciéndola de un modo convencional. Como si no entendiera la estrategia del otro en el partido que están jugando.
Noelia Garone: Sí, estoy completamente de acuerdo. Nos preocupa ver al Congreso en esa situación. Desde Amnistía Internacional, como organización de derechos humanos, tenemos que atenernos a las reglas de juego constitucionales y democráticas. Ese reacomodamiento parlamentario nos juega en contra para poder pensar en frenar estos avasallamientos institucionales. Parece difícil salir de esta encerrona.
La Patriada Web: ¿Qué creen que cambió Milei y su agrupación en las reglas del juego de la política?
Noelia Garone: Cambiaron las formas en cuanto a la violencia y lo vemos, incluso, dentro del Congreso. Esa violencia es de un uso generalizado. También utilizan noticias falsas y desinformación. Es preocupante y muy difícil de contener. Y en cuanto a las formas, estiran la letra de la Constitución, como pasó con los jueces de la Corte Suprema nombrados por decreto. No les importa la crítica y siguen su marcha.
Los 13 derechos perdidos
Como todos los años, Amnistía Internacional analizó la situación de derechos humanos en el mundo, con un apartado especial sobre el caso argentino. En esta oportunidad, lo hizo con motivo del primer aniversario de la gestión del gobierno de Milei y a escaso tiempo de la conmemoración del golpe de Estado de 1976.
Lo titularon «12 meses de gestión 12 derechos perdidos», a los que quizá haya que agregarle un decimotercero: el nombramiento de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Presentamos aquí una síntesis del informe de Amnistía Internacional referido a la Argentina:
1 – Pobreza. Derecho a una vida digna
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el número de personas que vive en situación de pobreza creció del 41.7% al 52.9% desde el último trimestre de 2023, cuando el gobierno de La Libertad Avanza tomó posesión, al primer semestre de 2024, lo que equivale a un aumento de 11.2 puntos. Esto significa, en la práctica, que 15,7 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza. Además, más de un millón de niños va a dormir sin cenar, según UNICEF.
2 – Jubilados, seguridad social y vida digna
La reducción del valor de las pensiones fue uno de los principales motores del ajuste fiscal llevado a cabo por la administración del presidente Milei. A lo largo del primer año de gestión, la jubilación mínima no alcanzó a cubrir el costo de vida de una persona jubilada, afectando su derecho a un nivel de vida adecuado.
El ingreso mínimo de una persona adulta mayor no llega a cubrir la Canasta Básica Total (CBT), que incluye gastos esenciales como alimentación, salud, vestido y traslado. En el primer trimestre de 2024, se produjo un hecho inédito: desde que el INDEC implementó una nueva metodología de medición en 2016, los haberes mínimos de las personas mayores alcanzaron mínimos no observados: solo cubrieron la mitad de la línea de pobreza.
Además, acaba de cancelarse la moratoria previsional, una política pública destinadas a garantizar el acceso a la jubilación a personas que no cumplen con los 30 años de aportes, con el objetivo de reparar las consecuencias de trayectorias laborales desiguales en un país donde más del 47 % del mercado laboral es informal, en especial las mujeres, que presentan una mayor tasa de informalidad laboral.
3 – Libertad de expresión, achicamiento del espacio cívico
El Gobierno decidió liderar una confrontación violenta e intolerante, propia de prácticas autoritarias, que utiliza discursos de odio y desinformación como estrategia para silenciar y censurar a quienes piensan diferente, incluyendo periodistas, oposición y organizaciones sociales. La construcción de la idea de «casta» y de «los mismos de siempre» desencadenan cataratas de expresiones que incluyen discursos e insultos que incitan a la violencia, a la agresión, al odio y fomentan una gran incapacidad de diálogo.
4 – Achicamiento del espacio cívico y protesta
El 14 de diciembre de 2023 el Ministerio de Seguridad de la Nación sancionó el «Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación«, conocido como «antipiquetes» De acuerdo con los estándares internacionales, la medida tiene problemas para la vigencia de los derechos de las personas, promueve que se intensifique la violencia y el conflicto social, poniendo en peligro la vida y la integridad física de las personas. El protocolo concibe a la protesta pacífica exclusivamente como un delito y no como una alternativa de participación, de expresión del disenso y de reclamo
5 – Ciber-vigilancia. Amenazas a la privacidad, legalidad y libertad de expresión
En julio de 2024, el Ministerio de Seguridad creó la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) y construyó un marco de aplicación de sistemas de Inteligencia Artificial para predicción de delitos, perfilado de personas, análisis de casos y detección de fraude, entre otras acciones. Preocupa que, en nombre de la seguridad el Estado avance en una serie de regulaciones que combinan el uso de tecnologías y la inteligencia artificial con el objetivo último de vigilar de manera masiva e indiscriminada a las personas, poniendo en riesgo su privacidad, libertad, igualdad e intimidad.
6 – Transparencia y acceso a la información pública
El derecho de acceso a la información pública fue restringido a través de la regulación del decreto 780/2024 emitido por el Gobierno nacional. El conocimiento y la información son poderosas herramientas con las que cuentan los ciudadanos para el control y la rendición de cuentas de los gobiernos y para combatir la corrupción.
El decreto reglamentario amplía la información que queda por fuera del “interés público”; es decir, a partir de esta normativa, hay menos cuestiones que se engloban dentro de la noción de interés público y que pueden quedar en la sombra y la opacidad gubernamental: ingresos en la Casa Rosada, visitas oficiales, contrataciones, por nombrar algunas cosas que podrían no divulgarse bajo este nuevo paradigma.
7 – Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia
Enmarcado en su «batalla cultural», el Gobierno viene negando la existencia de la violencia de género y la desigualdad mediante narrativas tóxicas, abusivas y violentas. Para acompañar este avance, desfinanció y recortó el presupuesto al máximo posible. Si bien para el Gobierno este no es un tema atendible ni un problema, entre enero y agosto de 2024 se reportó un femicidio cada 35 horas en el país.
Datos de la Defensoría del Pueblo reflejan el registro de un femicidio cada 29 horas durante el primer semestre de 2024. Las cifras mencionadas muestran cómo la violencia contra las mujeres y personas con otras diversidades de género continúa siendo una problemática persistente.
8 – Derechos sexuales y reproductivos
A tres años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ley 27.610), hay sobrada evidencia de su impacto positivo en la salud de mujeres, niñas y adolescentes. Desde 2021 hasta octubre de 2023, una 245.015 personas accedieron a un aborto seguro en el sistema público de salud. Además, las muertes por aborto disminuyeron en un 53% entre 2020 y 2022. Sin embargo, desde la asunción de la nueva gestión, se desfinanció la implementación de esta política y se ha puesto en riesgo el pleno y efectivo acceso al aborto para niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar en Argentina.
9 – Diversidad
Las personas LGBTI+ han logrado grandes avances en materia de reconocimiento de derechos, fruto de la lucha colectiva del movimiento de la diversidad en la Argentina. Sin embargo, pese a que el país cuenta con leyes de avanzada, la discriminación sistémica y la expulsión del acceso a la vivienda, a la educación, a la salud o al trabajo que la población LGTBI+ debe enfrentar tiene un impacto profundo en sus condiciones de vida. Producto de la misma batalla cultural, se han exacerbado los discursos discriminatorios que patologizan y deshumanizan a las personas LGBTIQ+, incitando a la violencia y crímenes de odio.
10 – Educación Sexual Integral (ESI)
La sostenibilidad de la Educación Sexual Integral (ESI) es otra de las batallas que este Gobierno parece enfrentar. Desde el mes de diciembre se encuentran paralizadas las capacitaciones y talleres de formación docente en ESI a través del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) pese a que 7 de cada 10 docentes sostienen que necesitan más capacitación en los ejes de violencia de género, abuso sexual contra las infancias, diversidad sexual e identidad género.
11 – Negacionismo del cambio climático
El Gobierno niega el cambio climático. Sin embargo, la ciencia es clara en cuanto a que el tiempo se está agotando rápidamente para evitar los peores impactos sobre los derechos humanos y los desastres no naturales que está causando o a los que contribuye, que afectan desproporcionadamente a las poblaciones más marginadas.
12 – Pueblos originarios
Otro de los ejes relegados de esta gestión ha sido la de los pueblos originarios. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo descentralizado dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, dispuso a través de una resolución la derogación del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), órgano encargado de reconocer la personería jurídica a las comunidades indígenas en Argentina.
13 – Nominación de jueces de la Corte Suprema por decreto
La nominación por DNU de jueces de la Corte Suprema es inconstitucional y resulta una ofensa a la institucionalidad democrática. Si bien la Carta Magna lo dispone, lo hace para situaciones muy excepcionales.
Milei se valió de una interpretación forzada de la facultad que le permite “llenar las vacantes de los empleos que requieren acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso”. El mecanismo constitucional exige una mayoría de dos tercios en la Cámara Alta para avalar cualquier nombramiento en la Corte. La división de poderes hace a la esencia misma de nuestro sistema republicano de gobierno y nunca puede ser avasallada por no conseguir los acuerdos políticos respecto de candidatos en particular.
