por Fabián Waldman.
El Gobierno abrió un concurso para «modernizar» las cuatro plantas de armamento pertenecientes a Fabricaciones Militares (FM). La empresa compradora, nacional o extranjera, se queda con la mayoría accionaria, el mando y la caja. El Estado, con el pasivo ambiental y la multa si se quiere arrepentir. Y todo esto sin pasar por el Congreso.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó un informe donde denuncia las características de esta licitación. Allí, manifiesta la pérdida de soberanía por la entrega a manos de compañías privadas nacionales o extranjeras la producción de insumos indispensables para sostener la defensa de nuestras fronteras y para las Fuerzas de Seguridad.
FM fue transformada en FM S.A.U mediante el DNU 70/2023. El ministerio de Defensa lanzó el Concurso CPU-2026-SC-001 para licitar la mayoría accionaria de Río Tercero, Villa María, Azul y Fray Luis Beltrán. Allí se produce pólvora, explosivos, municiones, armamento, chalecos balísticos y cañones para las Fuerzas Armadas (FFAA).
Para la adquisición crearon la figura de Unión Transitoria (UT). El Estado cede el uso, la gestión, la producción y la ganancia, pero el título de la planta sigue siendo propio. El Gobierno nacional sostiene que con esto le alcanza para decir que «no se trata de una privatización».
Sin embargo, los argentinos pasamos a reportar como socios minoritarios en nuestras propias fábricas. Pone un piso del 51%, sin techo para el privado. El puntaje otorgado aumenta cuanto más pretende gerenciar y también define que el Comité Ejecutivo se compone de la Presidencia y tres representantes para el operador y dos del Estado.
Además, el adquirente decide por mayoría simple los presupuestos, el personal y cómo litigar contra el propio Estado. El representante legal de la UT es nombrado por el privado, y no se lo puede sacar sin la aprobación de sus miembros.
El pliego habilita que pueda ganar una empresa extranjera. Solo prohíbe a empresas de otros Estados soberanos, punto dirigido a empresa chinas, y a quienes figuren en las listas de la oficina de Control de Activos Externos (OFAC) del Tesoro de EE.UU. En otra muestra del alineamiento absoluto de la administración argentina, delega en un organismo sancionatorio de EEUU quién puede fabricar municiones acá.
El plazo de la adjudicación varía entre 10 y 35 años, definido por el propio oferente. Si un gobierno futuro decidiera recuperar la planta por razones de defensa nacional, está obligado a pagar toda la inversión no amortizada, más 10% de multa.
No hay una sola cláusula de estabilidad laboral para los trabajadores. También define las decisiones operativas: turnos, horarios y condiciones en manos del operador. Pero el Estado sigue pagando el sueldo, y eso en la ley laboral argentina se denomina fraude laboral. El «Plan de Dotación» vale 5 puntos sobre 100, y lo que se puntúa es la «selección» del personal existente.
Toda el pasivo ambiental y la contaminación previa al contrato queda a cargo del Estado. Entre ellas la fábrica militar de Río Tercero, donde la explosión de 1995 dejó siete muertos y 300 heridos, y la «línea de base» ambiental se mide seis meses después de firmado. El Estado firma sin saber cuánto le va a costar.
Los dictámenes de preselección y evaluación son «no impugnables». La única instancia que se puede cuestionar es la adjudicación. Esta acción exige depositar U$S 5.000.000, que se pierden si el reclamo es rechazado. Acceder a la información para ofertar cuesta otros U$S 30.000 no reembolsables y se pide un patrimonio neto de hasta U$S 185.000.000. Condiciones difíciles para una empresa argentina.
También prohíbe la participación de provincias y municipios aun asociados. Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde están las plantas, quedan afuera de su propia industria.
FM fue creada por la Ley 23.696 en 1943 y en su texto exige que el Congreso la declare «sujeta a privatización». En este caso se convirtió en S.A.U. mediante el DNU 70/2023. Sobre esa base se monta todo el esquema, con arbitraje en la Bolsa de Comercio y sin control de SIGEN, AGN ni Ministerio de Defensa.
El título de la planta sigue siendo estatal, pero la mayoría, el mando, la representación legal y la renta de los próximos 35 años serán privados.
PLIEGO FM
