A partir del cálculo de las nueve necesidades constitucionales para una vida digna, el espacio gremial presentó el Índice FreSU frente al Palacio Pizzurno. Denuncian que la pérdida acumulada de ingresos supera los 69 billones de pesos y alertan sobre el sobreendeudamiento familiar.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) reclamó que el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) debería ubicarse en $3.065.161 para satisfacer las necesidades básicas establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo. La cifra, que supera en más de ocho veces el piso salarial vigente en el país, fue presentada en una conferencia de prensa realizada frente al mástil de la Plaza del Palacio Pizzurno, en el marco de la carpa docente instalada al cumplirse 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante el acto, la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, detallaron que el índice fue elaborado a partir de estadísticas oficiales del Indec pero ponderado según los requerimientos indispensables de la clase trabajadora. El informe desglosa que para garantizar una vida digna en julio se requirieron $653.231 en alimentación, $609.613 en vivienda, $665.055 para transporte, esparcimiento y vacaciones, $373.934 en salud, $337.168 en previsión social, $279.529 en educación y $146.631 en vestimenta.
Los dirigentes sindicales advirtieron sobre el impacto distributivo de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional. El secretario general de APLA, Pablo Biró, cuestionó la falta de actualización del haber mínimo, mientras que Rodolfo Aguiar afirmó que la merma salarial responde a una transferencia de recursos de más de 69 billones de pesos en favor de sectores concentrados de la economía. Según el relevamiento del espacio gremial, en el último año los ingresos reales cayeron un 9% en el sector público y un 23% en el ámbito privado respecto a noviembre de 2023.
La pérdida acumulada estimada por trabajador alcanza los 2,8 millones de pesos en el sector privado y 14,9 millones de pesos en la administración pública. De acuerdo con el diagnóstico presentado, este deterioro en el poder de compra forzó un incremento de 46 billones de pesos en la deuda familiar, cuadruplicando los niveles de morosidad y saturando la capacidad de acceso al crédito de los hogares.
La jornada contó con la participación de dirigentes de diversas ramas de actividad, entre ellas Graciela Aleñá (Trabajadores Viales), María Fernanda Boriotti (Fesprosa), Ruben Lafuente (Molineros) y Silvia Saravia (Libres del Sur), quienes coincidieron en señalar la simultaneidad de los conflictos que atraviesan a la salud pública, la educación universitaria y el transporte. La actividad sumó también el respaldo solidario de delegados del International Dockworkers Council (Consejo Internacional de Estibadores).
El FreSU, que congrega a organizaciones de las tres centrales obreras como la UOM, ATE, Federación Aceitera, Conadu, gremios aeronáuticos, marítimos y papeleros, ratificó las definiciones surgidas de su Plenario de Delegados, donde se acordó continuar con el plan de acción federal en demanda de la plena vigencia de los derechos laborales y de una recomposición integral de los haberes.
