La petrolera informó a la Comisión Nacional de Valores que el jefe de Gabinete ingresará al directorio para ocupar la vacante que dejó Guillermo Francos. Ejercerá el cargo ad honorem, tras renunciar a percibir honorarios.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumirá como miembro del directorio de YPF en representación del Estado Nacional, según informó la compañía este viernes a la Comisión Nacional de Valores (CNV). De este modo, ocupará el lugar que dejó vacante Guillermo Francos como Director Titular clase A con Acción de Oro, una posición que otorga poder de veto sobre determinadas decisiones estratégicas de la empresa.
YPF precisó además que Adorni comunicó formalmente la renuncia a sus honorarios como director, por lo que ejercerá el cargo de manera ad honorem y únicamente percibirá el salario correspondiente a su función como jefe de Gabinete, estimado en unos 5,9 millones de pesos brutos mensuales. La compañía también aclaró que los directores designados mantendrán sus mandatos hasta que la Asamblea de Accionistas elija nuevas autoridades.
En abril del año pasado, la Asamblea de Accionistas de YPF había aprobado un presupuesto de $11.096.174.942 para cubrir los honorarios del Directorio, lo que implica que cada uno de sus integrantes percibe alrededor de $75 millones mensuales.
El desembarco de Adorni se inscribe dentro de una serie de cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei en la estructura de conducción de la petrolera estatal, que actualmente es presidida por Horacio Marín. Las modificaciones fueron comunicadas oficialmente tanto en el mercado local como ante la Bolsa de Nueva York.
En paralelo, se destacó la trayectoria de Martín Maquieyra, magíster en Gestión en Gas y Petróleo, quien se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados durante su mandato legislativo entre 2017 y 2025. El dirigente pampeano tuvo un rol clave durante el debate de la Ley de Bases, ya que cerca de un tercio de su articulado incluía reformas vinculadas al sector energético, y fue uno de los principales negociadores entre el oficialismo y la oposición para garantizar la aprobación del proyecto.
Juicio por YPF: el Gobierno pidió suspender la búsqueda de activos embargables
En otro orden, el Gobierno nacional solicitó formalmente la suspensión del proceso de discovery y de la moción de desacato impulsada por los demandantes en el juicio vinculado a YPF. El pedido fue presentado ante la jueza del Segundo Distrito de Nueva York, Loretta Preska, por la Procuración del Tesoro de la Nación, que denunció un uso abusivo del mecanismo judicial.
En el escrito, el Estado argentino sostuvo que los requerimientos de información promovidos por los beneficiarios del fallo “se han vuelto intrusivos y desproporcionados” y calificó ese accionar como un “hostigamiento sistemático contra un Estado soberano”, con impacto directo sobre la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas.
El discovery es la etapa del proceso que habilita a los demandantes a solicitar información con el objetivo de identificar activos embargables para ejecutar la sentencia. Desde la Procuración recordaron que, a diferencia de gestiones anteriores —cuando la Argentina fue declarada en desacato en tres oportunidades—, desde diciembre de 2023 el país cumplió plenamente con todas las obligaciones impuestas por el tribunal.
Según el planteo oficial, el Estado realizó un “esfuerzo extraordinario” para entregar la información requerida, aportando un volumen de documentación “sin precedentes”. Sin embargo, advirtió que, pese a ese cumplimiento, los demandantes profundizaron sus reclamos y avanzaron con pedidos cada vez más alejados del objeto original de la causa.
En ese marco, la Procuración señaló que Burford Capital intensificó la presión judicial mediante una moción de desacato y solicitudes de información vinculadas a las reservas de oro del Banco Central. Al respecto, el Gobierno remarcó que esos activos pertenecen a la autoridad monetaria y están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que no pueden ser embargados ni incluidos en requerimientos de este tipo.
Para el Estado argentino, el proceso de discovery “se ha desnaturalizado” y se transformó en una herramienta destinada a obstaculizar el normal funcionamiento del país. En el escrito también se citó que los demandantes manifestaron explícitamente su intención de “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica.
Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles en cada instancia judicial para defender la soberanía nacional, el Estado de Derecho y frenar pedidos que considera ilegítimos y contrarios tanto a la Constitución como al derecho internacional.
