En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la administración de Javier Milei rechazó un pedido para detallar la ubicación y los movimientos de las reservas de oro. Los fondos demandantes denuncian maniobras de ocultamiento y crece la polémica política por la falta de transparencia.
El Gobierno de Javier Milei decidió rechazar un pedido de informe presentado ante la Justicia de Estados Unidos que buscaba conocer el destino y la localización del oro argentino. La solicitud fue realizada en el marco del juicio internacional por la expropiación de YPF, donde los fondos demandantes intensifican su ofensiva para identificar activos del país que puedan ser embargados como garantía de pago.
La negativa oficial se da en un contexto de creciente presión judicial y financiera, con los acreedores intentando ampliar el listado de bienes potencialmente ejecutables ante una eventual sentencia adversa para la Argentina
El oro, en el centro de la disputa
La controversia gira en torno a las reservas de oro que la Argentina mantiene en el exterior y a los movimientos dispuestos en los últimos meses por el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo. Los fondos reclamantes solicitaron a la jueza Loretta Preska que ordene al país presentar una declaración jurada con información detallada sobre la ubicación del oro, las cuentas utilizadas y los traslados realizados.
Según los demandantes, el Gobierno habría implementado una estrategia de ocultamiento de activos para evitar embargos. También cuestionaron la falta de cooperación en el proceso judicial y denunciaron que el Estado presentó un testigo “no preparado”, lo que interpretan como una maniobra dilatoria mientras el precio del oro se mantiene en valores históricamente altos.
La defensa oficial
Desde la Procuración del Tesoro, el Gobierno negó encontrarse en desacato y defendió la postura oficial: las reservas de oro pertenecen al Banco Central y no al Tesoro Nacional, por lo que —sostienen— no serían ejecutables dentro del juicio por YPF.
Esa argumentación apunta a bloquear cualquier intento de los fondos buitre de avanzar sobre los lingotes como parte del cobro de la sentencia, aunque no logra disipar las dudas sobre el manejo de esos activos.
Un tema que desborda lo judicial
El conflicto no se limita al expediente en tribunales estadounidenses. Desde 2024 se conoce que el Gobierno trasladó al exterior una porción significativa del oro del Banco Central, en una operación realizada con escasa información pública y sin precisiones oficiales sobre montos, destinos ni condiciones de custodia.
Dirigentes opositores y especialistas vienen reclamando explicaciones, advirtiendo que esos activos podrían quedar expuestos a embargos en el extranjero. La decisión de rechazar el pedido de informe profundiza esas suspicacias y refuerza la percepción de opacidad en el manejo de las reservas, un tema particularmente sensible en un país con antecedentes de crisis y default.
Un interrogante que persiste
Mientras el juicio por YPF sigue escalando en complejidad y riesgo, cada nueva presentación de los acreedores busca reducir el margen de maniobra del Gobierno. En ese escenario, el silencio oficial sobre el oro puede ganar tiempo en los tribunales, pero al costo de instalar una pregunta incómoda en el debate público:
¿Dónde está el oro de la Argentina y quién responde si las cosas salen mal?
